Monterrey, NL.- La Septuagésima Quinta Legislatura aprobó la reforma por modificación del segundo párrafo del artículo 18 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León.
El expediente que contiene el dictamen de la mencionada reforma, fue leído ante el Pleno por el Diputado Jesús Ángel Nava Rivera, y presentado por los Legisladores Karina Marlen Barrón Perales y Félix Rocha Esquivel.
Es conveniente precisar que, derivado de la reforma constitucional del 18 de junio de 2008, el sistema de justicia penal mexicano migró del sistema tradicional al sistema acusatorio y oral reconociéndose por primera vez la presunción de inocencia como una garantía individual, estableciendo en el artículo 19 de la Constitución federal los delitos graves en los cuales debe operar, cuando no sea suficiente para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos y la comunidad; así como cuando el imputado este siendo procesado o haya sido sentenciado por la comisión de un delito doloso.
“Atendiendo al clamor de la sociedad, y para salvaguardar la seguridad ante el incremento de la criminalidad de ciertos delitos que no eran considerados graves y no contemplaban la prisión preventiva oficiosa, es que se reformo dicho ordenamiento para aumentar el catálogo de delitos siendo estos: abuso o violencia sexual contra menores, feminicidio, robo casa habitación, usos de programa sociales con fines electorales, corrupción, robo a transporte de carga, robo de hidrocarburos, desaparición forzada, y portación de armas de fuego de uso exclusivo de la fuerzas armadas”, mencionó Nava Rivera.
La Comisión de Dictamen Legislativo, atiende de manera puntual las iniciativas en comento, homologando el precepto constitucional a nuestro máximo ordenamiento jurídico nacional en lo relativo a los delitos que merecen la prisión preventiva oficiosa con la finalidad de fortalecer el sistema de justicia en el Estado, en relación a los delitos de alto impacto que atentan contra la paz y tranquilidad de los ciudadanos.
El dictamen fue aprobado por unanimidad por los Legisladores.