Monterrey NL-El Pleno de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información del Estado de Nuevo León (COTAI) aprobó el Programa Anual de Verificación y Vigilancia para el año 2019, para monitorear que los sujetos obligados cumplan con la publicación de información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
La 10ª Sesión del Pleno celebrada este miércoles 13 de marzo fue presidida por el Comisionado Presidente, Bernardo Sierra Gómez, junto con los Comisionados Vocales Jorge Alberto Ylizalituttri Guerrero, María de los Ángeles Guzmán García, María Teresa Treviño Fernández y Francisco Guajardo Martínez.
Sierra Gómez explicó que el Programa Anual de Verificación y Vigilancia establece los parámetros para revisar que los sujetos obligados cumplan con registrar la información pública en la Plataforma Nacional de Transparencia.
“Es la manera en que se deberán llevar a cabo los tiempos para empezar con las verificaciones y también la forma en que se va hacer el monitoreo, es decir, en este acuerdo se aprobó que fuera a la totalidad de los sujetos obligados”, dijo el Comisionado Presidente.
Recordó que en una anterior Sesión del Pleno se aprobó realizar un sorteo para evaluar de manera específica a ciertos sujetos obligados, una muestra del padrón total.
“En este programa que estamos aprobando se estarán haciendo las verificaciones a la totalidad de los sujetos obligados”, reiteró.
“Habrá cuatro verificaciones, una que inicia en enero (para) verificar el cuarto trimestre el año 2018, una que inicia en mayo para verificar el primer trimestre del 2019, otra inicia en agosto en la que se revisa el segundo trimestre del 2019, de abril a junio, y la última que inicia en noviembre de este año y se verifica el tercer trimestre del año 2019, que es julio a septiembre”.
También en la sesión se aprobaron un total de 19 resoluciones, entre las que se aplicaron dos amonestaciones públicas a sujetos obligados por no haber atendido resoluciones de recursos de revisión.
Se aprobó, además, multar a quienes fungieron como alcaldes de Iturbide, Los Aldamas y Abasolo y al encargado del Despacho de la Rectoría y Representante Legal de la Universidad Tecnológica General Escobedo.
A cada uno se les aplicó una multa de 12 mil 90 pesos, por no dar respuesta a solicitudes de información dentro del plazo señalado por la ley de transparencia.
Sierra Gómez informó que el Pleno aprobó dar vista a la Comisión Estatal Electoral en el caso de la denuncia de un particular en contra del Partido Político Nueva Alianza.
“La denuncia del particular es por la presunta violación en el tratamiento de datos personales esto derivado de una solicitud de información que presentó él ante este partido político. El mismo (órgano político) le remite esa información, pero de acuerdo al contenido en el documento venía los RFC de ciertos particulares”, explicó.
“En ese sentido, la Ley de Protección de Datos Personales es muy clara y enfática al mencionar que cuando se trata de partidos políticos y haya suposición de violación en el tratamiento de datos personales, quien debe de llevar a cabo la investigación y, en su caso la acción, es el órgano estatal, la Comisión Estatal Electoral”.
El Comisionado Presidente explicó que sólo en casos de omisiones por parte de partidos políticos en materia de datos personales, transparencia y acceso a la información a quien corresponde conocer de estos temas es a la Comisión Estatal Electoral.
“Hay una excepción tanto en la ley local de transparencia, como en la Ley General de Protección de Datos Personales que le da esta competencia al órgano estatal electoral, para en su caso llevar investigaciones o sancionar estas materias”, señaló.
Finalmente, los comisionados aprobaron celebrar convenios de colaboración con los municipios de Monterrey, General Bravo, China, Doctor Coss y Los Ramones.
