Mario Flores Pedraza
Nombre de la columna: “Antítesis”
Urgen administraciones públicas transparentes
La ley 3 de 3 se ha convertido en un estandarte en contra de la corrupción. Quien no puede hacer su 3 de 3 no puede estar en el servicio público. Quien pide nuestro voto, que pretende gobernarnos, por lo menos tiene que estar al corriente con el pago de sus impuestos.
Recordemos que estas personas gastan miles de millones de pesos de nosotros, los contribuyentes. La ley General de Responsabilidades Administrativas (LGRA) que se promulgó en Julio de 2016, constituyó un triunfo ciudadano para iniciar el combate a la
corrupción, ya que en la misma se incorporaron instrumentos innovadores de prevención y control de la corrupción y de la rendición de cuentas: me refiero a la declaración patrimonial, fiscal y de intereses.
El 17 de marzo de 2016, como un legítimo ejercicio ciudadano se presentó la iniciativa ciudadana Ley 3de3. Después de meses que el Congreso de la Unión no legislará la iniciativa y habiéndose pasado en el tiempo estipulado por la ley, ante nuevas marchas de exigencia para pasar la ley, el 15 de junio de 2016 concluyó la aprobación de esta iniciativa.
Sin embargo, la “Ley 3 de 3” sufrió de último momento dos modificaciones controversiales contrarias al espíritu de la iniciativa ciudadana que le dio origen. El primero de esos cambios implicó la no incorporación de los formatos y versiones públicas de las declaraciones “3de3”; el segundo cambio se dio en la amplitud de los sujetos obligados para presentar las
3 declaraciones.
El senador Manuel Cárdenas Fonseca del Partido Nueva Alianza propuso una modificación al artículo 32 que buscaba obligar a todas las personas físicas o morales que tuviesen cualquier relación económica con el gobierno, a estar obligadas a presentar
su declaración 3de3. Esto implicaría que, hasta los beneficiarios de una beca asistencial social debieran presentar sus declaraciones al igual que los políticos profesionales.
Los desafortunados cambios fueron aprobados en el Senado de la República, y ello derivó en una protesta pública que miembros de organismos como la Coparmex se pronunciaran el 16 de junio de 2016 en el Ángel de la Independencia. Señalaron que estos cambios generarían incertidumbre jurídica e ineficiencia, y que los servidores públicos no podían
homologarse en sus responsabilidades a los particulares, ya que en estos últimos representaría una obligación desproporcionada.
Esta exigencia de la Coparmex, motivó que el entonces presidente Peña Nieto, en un hecho sin precedentes, decidera ejercer el 24 de junio de 2016 sus facultades de veto en contra de 16 artículos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Fue la primera vez que un presidente de la república
vetaba una iniciativa presentada por su propia bancada y se convocó a un periodo extraordinario de sesiones. Finalmente, el 18 de julio de 2016, se promulgó la LGRA, eliminadas de su texto las modificaciones que se habían aprobado furtivamente.
En Ciudad Victoria, desde el 2016 que se aprobó la ley, ningún alcalde ha querido ser transparente con los victorenses. Oscar Almaraz (PRI), Xico González (PAN), Pilar Gómez (PAN) y ahora Lalo Gattás (Morena) han presentando su 3de3 pública. Nos gustaría saber
con que llegan y con que se van.
Estoy convencido que un gobierno que nace en la opacidad está destinado a quedarse en ella. La nueva administración tiene una oportunidad de oro de demostrar desde el principio que quiere hacer las cosas bien, que quiere consolidarse como un gobierno diferente y no como los pasados.
Ya es tiempo de hacer las cosas por Victoria y no por intereses opacos.
