Para formar una Procuraduría cimentada en la honestidad, responsabilidad, eficiencia y que atienda el compromiso con la ciudadanía, se presentó ante el Congreso del Estado , la Iniciativa que reforma la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia, la cual entre otros objetivos, busca crear la Fiscalía Especializada de personas no localizadas o privadas de su libertad que brinde atención a los familiares directos o indirectos.
La acción legislativa recibida por la Mesa Directiva de este Poder, será analizada y dictaminada, según corresponda, este martes en reunión de las Comisiones de Justicia y Estudios Legislativos, a partir de las 11:00 horas, donde los diputados analizarán la viabilidad de las modificaciones que según la Iniciativa, responden a las demandas de las necesidades de la población.
Establece que es indispensable la actualización de este ordenamiento, por lo que se propone crear una Fiscalía Especializada, que cuente con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación y funcionamiento, la cual dirija y coordine todas y cada una de las averiguaciones previas e investigaciones iniciadas por la denuncia derivada de la desaparición forzada de personas, así como la investigación minuciosa y la búsqueda y localización de las personas.
Lo anterior, permitirá lograr la ubicación de la víctima u ofendido en el lugar en que se encuentre, así como acreditar el cuerpo del delito de que se trate y la probable responsabilidad penal de los sujetos activos del mismo, cumpliendo así con el objetivo de la institución del Ministerio Público.
La propuesta de reforma, tiene entre sus fines armonizar la legislación estatal al marco normativo federal, en lo referente a la organización jerárquica de la policía ministerial o investigadora, considerando diversos niveles de categoría y de jerarquías.
Además, entre otros planteamientos, busca crear Unidades de Atención Inmediata, como encargadas de canalizar las solicitudes a las instituciones especializadas en mecanismos alternativos de solución de controversias en materia penal del Estado, así como la denominación y atribuciones del facilitador como el profesionista certificado, cuya función es facilitar la participación de los intervinientes en los mecanismos alternativos.
En cuanto al Consejo de Servicio Profesional de Carrera, se propone que el mismo se integre con un Pleno como órgano superior y su funcionamiento, sea a través de dos Comisiones, que conocerán de todas las cuestiones inherentes al servicio de carrera ministerial, pericial y de justicia alternativa penal, así como el de carrera policial, los cuales tendrán una composición plural que garantizará decisiones justas y equitativas, en beneficio de los integrantes del servicio.
