Ciudad de México.-Cuando el gobierno compra o contrata un bien, un servicio o una obra pública, tiene tres alternativas:
1. Hacer una licitación pública.
2. Invitar a cuando menos tres participantes para contratar al que ofrezca las mejores condiciones.
3. Adjudicar de manera directa el contrato a una persona sin que haya un proceso de competencia.
La Constitución (artículo 134) y las leyes mexicanas señalan que la licitación pública debería ser la regla y los otros dos procedimientos sólo deberían utilizarse de manera excepcional.
Incluso la nueva administración definió en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que, dentro de su estrategia para erradicar la corrupción el gobierno se comprometía a «prohibir las adjudicaciones directas». ¿Cómo está contratando el gobierno?
3 de cada 4 contratos del gobierno se entregaron por adjudicación directa. Estas cifras, en lugar de mostrar una transformación o cambio, revelan que el gobierno está siguiendo las mismas costumbres de sus antecesores. Así se ven los últimos datos en comparación con años anteriores.
Estas son las 22 instituciones del Gobierno Federal que han otorgado más contratos por adjudicación directa:
En el primer año de gobierno de AMLO, 3 de 4 contrataciones siguen siendo por adjudicación directa y, en lugar de que haya señales de que esto pretenda cambiarse, como se prometió, parece que seguirá justificándose el quebrantamiento de la ley.
