Monterrey, NL.- Con la participación de los funcionarios estatales que encabezan las áreas de Transparencia y Anticorrupción, este miércoles, inicio la Glosa del Primer Informe de Gobierno.
La Sesión Ordinaria en la que comparecieron ante el Congreso del Estado, Ernesto Canales Santos, Subprocurador de la Fiscalía Anticorrupción y la Contralora, Nora Elia Cantú Suárez comenzó a las 10:11 horas.
Los diputados Yanira Gómez, Gabriel Tláloc Cantú Cantú, Rubén González Cabrieles, Felipe de Jesús Hernández Marroquín, Jorge Blanco, Concepción Landa García Téllez, integraron el comit é de cortesía que traslado al Recinto Oficial a los funcionarios estatales.
Durante su exposición, el Subprocurador Anticorrupción, Ernesto Canales Santos informó que la Subprocuraduría “dio inicio a los siguientes expedientes dando un total de 193, compuestos por 11 averiguaciones previas y 182 carpetas de investigación. El estatus que guardan las carpetas de investigación es el siguiente: en integración 111, judicializadas 9, determinadas en inejercicio siete, incompetencias 47, acumuladas 6, no iniciados dos, dando un total 182”.
Canales Santos, informó que el número de personas vinculadas con motivo de los expedientes que actualmente se encuentran judicializados, son 23 exfuncionarios públicos.
“Los delitos relacionados con las carpetas judicializadas ente los tribunales son: ejercicio indebido de funciones públicas, ejercicio abusivo de funciones públicas, delitos cometidos contra patrimonio del estado y/o municipios, peculado y abuso de autoridad”, expresó.
“En relación a las carpetas judicializadas algunas personas vinculadas han recurrido al juicio de amparo, por lo que actualmente se da seguimiento por parte de la Subprocuraduría a un total de 27 juicios de amparo y de cuatro recursos de queja”.
También dio a conocer el estado que guardan los siguientes asuntos:
Con respecto al caso denominado “cobijagate” informo “Con relación a los servidores públicos involucrados se determinó no ejercitar acción penal en virtud de que las pruebas recabadas por parte de todos los involucrados en este asunto, no se acreditó conducta de la estimada como constitutiva de delito, y por tanto no se determinó acción penal, si bien existieron faltas de carácter administrativo en la entrega recepción de las cobijas estas faltas no trascendieron para ser consideradas como delictivas”.
“Por lo que toca al proveedor a través de la institución procesal denominada acuerdo reparatorio, se estableció de forma voluntaria, entre el ofendido, en este caso el Gobierno del Estado, y el imputado, resarcir el daño, motivo por el cual, se reintegró al patrimonio estatal 60 mil cobijas de la calidad convenida”.
En relación a la ex Alcaldesa del municipio de Monterrey, Margarita Arellanes y ocho personas más de su administración, informó que se encuentran vinculadas a proceso por los delitos de ejercicio indebido de funciones públicas y ejercicio abusivo de funciones, derribado del otorgamiento indebido e innecesario de un contrato a un particular por más de 8 millones de pesos para que les proporcionaran defensa jurídica al finalizar el periodo 2012-2015.
En el caso de la armadora Kia Motors, expresó “este año se ha vinculado a proceso al ex Secretario de Finanzas y Tesorería general del estado, por los delitos de peculado, delitos contra el patrimonio del estado y ejercicio indebido de funciones públicas; al ex Gobernador y a los ex Secretarios de Desarrollo Económico por el delito de ejercicio indebido de funciones públicas”.
El Subprocurador Anticorrupción aseguró que no puede garantizar que el ex Gobernador Medina vaya a ir a la cárcel por el proceso que se le sigue por el delito de ejercicio indebido de funciones tras dar incentivos a la empresa Kia.
“No te puedo asegurar 100 por ciento que lo van a meter a la cárcel, sería muy tonto”, respondió Canales, “Depende de los jueces”.
“Nosotros sí somos responsables de construir un buen caso. Lo que presentamos hoy está suficientemente sustentado para que vaya a la cárcel”.
En la sesión de preguntas y respuestas, la diputada y presidenta de la Comisión Anticorrupción, Yanira Gómez preguntó ¿Explique de manera puntual por qué no se vinculó a proceso en el caso de las cobijas a Rogelio Benavides?, a lo que Ernesto Canales Santos respondió “No encontramos una maquinación, una concatenación de datos de comportamiento que fueran destinados a obtener una defraudación, o un beneficio, en ningún momento detectamos un lucro personal, de ninguno de los actores de este proceso, no encontramos dolo”, comentó Ernesto Canales.
“Independientemente de la sanción administrativa, con relación a los servidores públicos se determinó no ejercitar acción penal porque las pruebas recabadas no acreditaron conducta constitutiva de delito. Si bien existieron faltas de carácter administrativo, estas faltas no trascendieron para ser delito”.
A pregunta expresa de la diputada Yanira Gómez, el Subprocurador Ernesto Canales descartó que vaya a presentar su renuncia al cargo.
También cuestionaron, los diputados Gabriel Tláloc Cantú Cantú, Karina Barrón Perales, Jorge Alan Blanco Durán, Marco Antonio González Valdez, Daniel Carrillo Martínez, Samuel García Sepúlveda, Laura Paula López Sánchez, Eugenio Montiel, Héctor García García, Rubén González Cabrieles, Sergio Arellano Balderas, Gloria Treviño Salazar y Arturo Salinas Garza.
Ante los cuestionamientos de los diputados de que la Subprocuraduría ha actuado con fines políticos, Canales Santos defendió el trabajo realizado por la dependencia a su cargo y negó que ésta actúe con fines políticos.
