DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
A un clic de distancia
Es común que la gente confunda transparencia con anticorrupción, pues coloquialmente hablando si alguien presume de su transparencia, ello se interpreta como que dicha persona no es corrupta.
De igual forma pasa con algunos gobiernos, si presumen en una página de internet abierta a la sociedad en general, por ejemplo, los últimos fallos de obra pública que se dieron en la administración, eso no quiere decir, que detrás de dichos actos no haya habido corrupción.
Por eso exhorto a que todos distingamos bien, que una cosa es el sistema nacional de transparencia, y otra el sistema nacional anticorrupción. Pues aunque en una parte del camino el primero sea necesario para mejorar el segundo, su naturaleza es distinta:
En la reforma constitucional en materia de transparencia y sus leyes secundarias rige el principio de máxima publicidad, y el espíritu es que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismo de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos, en el ámbito Federal, Estatal y Municipal, sea precisamente pública, y de fácil acceso: estos dos factores significan máxima publicidad.
Y, en la reforma constitucional anticorrupción y sus leyes secundarias, el espíritu es investigar, procesar y en su caso sancionar administrativa y/o penalmente a aquellos servidores públicos que inmoralmente sean actores en un acto de corrupción.
No debemos quitar el dedo del renglón: porque aunque la génesis de ambos sistemas nacionales es positiva, todavía falta mucho recorrido para que ambos sean completos (que estén debidamente conformados por todas las leyes necesarias para su implementación) y reales (que una vez que estén completos funcionen).
Bien, seguro de que ya distingue con claridad entre uno y otro, estimado lector, me quiero referir brevemente a la Ley General de Archivos, que es la última de las tres leyes secundarias de la reforma constitucional en materia de transparencia.
Es importantísimo que nuestros legisladores federales encuentren ya, el consenso necesario para dictaminar esta ley.
Lógico es que al escuchar el nombre de esta ley, Usted se imagine un montón de cajas llenas de archivos viejos y amarillentos, que tal vez no serían de utilidad salvo para historiadores; pero no es así. No se trata solo de archivos de la época de Benito Juárez o de Porfirio Díaz, estamos hablando de importantes documentos que han resultado, resultan y resultarán del quehacer cotidiano de quienes ejercieron, ejercen y ejercerán los recursos públicos en cada dependencia, de ahí la relevancia de esta legislación.
En otras palabras, la Ley General de Archivos, es la que entre otras cosas, determinará con claridad la forma en que las instituciones a las que me referí en el párrafo cuarto de éste texto sistematizarán (de manera autónoma o a través de un nuevo Archivo General de la Nación) en favor de la sociedad la evidencia cronológica, ordenada –y sobre todo clara– de su labor administrativa.
No podemos permitir que al final de todo el esfuerzo ciudadano para poner sobre la mesa estos temas, nos tropecemos con una Ley de Archivos que siga dejando en manos del poder político los archivos: o lo hace de manera independiente cada dependencia, o alejamos de una vez por todas el Archivo General de la Secretaría de Gobernación.
Hoy por hoy, pedir un dato determinado parece broma, ya sabemos que habrá respuesta negativa y ello conlleva a múltiples amparos y procesos largos, o bien, obtenemos respuestas favorables pero no prácticas: recibimos la información del dato que buscábamos, pero en una memoria con trescientos mil millones de caracteres. Una burla.
Si se respeta a cabalidad por el Congreso de la Unión el principio de máxima publicidad protegido por el artículo sexto constitucional al discutir y aprobar esta ley, podríamos hablar de que el sistema nacional de transparencia estaría completo.
Sólo faltando que fuera real: que toda la información en posesión de cualquier autoridad la tuviéramos a tan solo un clic de distancia.
La tecnología lo permite. ¿Habrá voluntad política?