por: Carmen Munguía
En la resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) del 18 de agosto de 2000, respecto el caso de haitianos y dominicanos de origen haitianos en la República Dominicana, la Corte IDH, sentenció que la política migratoria de cada Estado es decisión soberana de éste, pero tiene límites y la política debe garantizar para cada caso una decisión individual con las garantías del debido proceso; se debe respetar el derecho a la vida y a la integridad física, y la ejecución de dicha política no puede derivar en tratos crueles y degradantes, ni tampoco en discriminaciones por razones de raza, color, religión, etcétera.
Es importante mencionar que las sentencias de la Corte IDH, son referentes generales y pueden servir y beneficiar a los demás Estados que pudieran encontrarse en situaciones. Menciono esto porque México es parte de la Organización de los Estados Americanos (OEA), de donde emana precisamente la Corte IDH, además, nuestro país, ha reconocido su competencia contenciosa, según la Convención Americana sobre Derechos Humanos “Pacto de San José de Costa Rica”; y porque apenas este domingo, distintos medios de comunicación publicaron imágenes muy lamentables de una multitud de personas en Guatemala siendo reprimidas por el Ejército de Guatemala, en su intento de avanzar y llegar a Estados Unidos, obviamente pasando por México.
La situación es gravísima, dado que la población fue atacada a palos y con bombas lacrimógenas. Pero, además, en las imágenes que seguramente quedarán para la historia, se aprecia igualmente al Ejército y al resto de las personas portando cubrebocas. Esto, porque la que viene a ser la primera caravana migrante de 2021 se presenta justamente en un contexto de crisis sanitaria mundial nunca visto. Especialistas en Derechos Humanos como Efraín Nieves Hernández, han escrito antes, precisamente sobre los derechos humanos de las personas en movilidad, abordando un punto muy controversial: en materia migratoria, el derecho internacional de los derechos humanos sigue supeditado a las normas internas de cada país para decidir quién y por dónde entra a su territorio, así como quién se queda y quién se va. Evidentemente, las personas no somos responsables o culpables por nacer en países menos desarrollados que otros, y las situaciones de pobreza, hambre, violencia e inseguridad, entre otras adversidades que nos pueden orillar a escapar e intentar sobrevivir en otros lugares.
Lo más lamentable es que las condiciones sociales, económicas y políticas no consigan mejorarse en nuestra región (al igual que en otras regiones del mundo) y que en plena crisis sanitaria miles de personas se encuentren determinadas a dejar su país, a pesar de lo riesgoso que esto resulta.
Sin duda, y a pesar de los esfuerzos por proteger los derechos humanos de las personas en situación de migración, cada país tiene sus propias políticas, por ello la insistencia de la ONU de que se sigan los principios del uso de la fuerza, como la proporcionalidad.
Yo por mi parte insistiría en la protección a todas estas personas, viéndolas antes que “migrantes” como personas, considerando su situación de vulnerabilidad y especialmente, en tener presente que en medio de esa “masa” que se aprecia en las fotografías y aunque no se pueda visualizar a simple vista, se encuentran seguramente mujeres, adolescentes, niñas y niños pequeños, muchos de ellos y ellas, apenas de brazos.
Si la fuerza realmente necesitara utilizarse, si verdaderamente se hubiesen agotado todos los recursos para evitar el caos, no puede ésta por ningún motivo ser desproporcional. Y sí, tal vez estemos pensando lo mismo… sucede que la crisis sanitaria nos ha recrudecido los mismos problemas no resueltos y que se nos han venido apilando uno tras otro, por no ser atendidos eficazmente, no hablo sólo de nuestro país.
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