La jefa de gobierno presentó una iniciativa que le permitiría designar sin contrapesos a los integrantes de los nuevos órganos de planeación que definirán desde los usos de suelo hasta la gestión del agua
La jefa de gobierno Claudia Sheinbaum busca controlar la planeación y el desarrollo de la Ciudad de México dejando fuera al Congreso en el nombramiento de los órganos que deberían diseñar y ejecutar las políticas de desarrollo urbano para los próximos 20 años.
El Ejecutivo ha propuesto, a través de iniciativas enviadas al Congreso de la Ciudad, controlar las designaciones de quienes encabezarán el Instituto de Planeación capitalino, además de buscar que el organismo dependa de la jefatura de gobierno -lo que le quitaría autonomía-, y que las reglas de operación no sean aprobadas por el Legislativo.
Los funcionarios designados en el Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva tendrán injerencia en todo el ramo inmobiliario: cambios de uso de suelo, límites de altura en las construcciones, actualización de planes de desarrollo urbano, gestión sustentable del agua, medio ambiente, vivienda y movilidad y la asignación del presupuesto para estos temas, entre otras tareas.
El plan general de desarrollo para los próximos 20 años y el programa de ordenamiento a 15 años también será elaborado en el Instituto.
Esto dejaría al jefe de gobierno en turno la posibilidad de intervenir en todo el proceso de planeación, aplicación y seguimiento de las políticas públicas enfocadas en el desarrollo, a pesar de que la Constitución de la Ciudad, promulgada en febrero de 2017, buscaba la independencia del organismo.
“Invitación” a los encargados de la planeación
Los diputados constituyentes negociaron entre 2016 y 2017 un sistema de planeación y evaluación de la ciudad que tendría como instrumentos el Plan General de Desarrollo, el Programa General de Ordenamiento Territorial y los correspondientes a las alcaldías, además del Programa de Gobierno de la Ciudad, de las alcaldías y programas parciales.
La Constitución de la Ciudad obligaba a la actual Legislatura capitalina a aprobar en marzo de 2019 la legislación secundaria en materia de planeación, pero los diputados locales la reformaron para aprobar la Ley de Planeación el 5 de septiembre de 2019 y la Ley del Instituto de Planeación el 5 de diciembre.
El Constituyente estableció que se debe crear un comité de selección, electo por el Congreso capitalino de entre una terna enviada por el jefe de gobierno. Ese comité elegirá al director del Instituto, para darle autonomía del gobierno en turno.
Además, se creará un segundo comité, de carácter técnico que a su vez elegirá a integrantes de la Junta de Gobierno, el Directorio Técnico y el Consejo Ciudadano del Instituto de Planeación.
El 26 de abril, la jefa de gobierno envió al Congreso una primera iniciativa de Ley de Planeación, la cual contemplaba que tanto el comité de selección como el comité técnico serían electos por el Congreso de ternas enviadas por el Ejecutivo.
Sin embargo, en una segunda iniciativa de ley enviada el 4 de noviembre, Sheinbaum propone que el Ejecutivo invite a once personas candidatas a integrar el comité técnico sin aval del Congreso. Además, en caso de falta definitiva de algún consejero ella nombrará al sustituto.
Esto le daría el control para designar a través de este consejo a los 15 expertos que integrarán el Directorio Técnico, encargado de la integración, operación, verificación y seguimiento del sistema de planeación; siete de estos expertos también formarán parte de la Junta de Gobierno, donde trabajarán con la propia jefa de gobierno y su gabinete.
El Comité Técnico que designe Sheinbaum también elegirá a los integrantes del Consejo Ciudadano, al que consultarán de manera obligatoria la planeación para el desarrollo y el ordenamiento territorial. Las ternas del Consejo Ciudadano, según la iniciativa de la jefa de Gobierno, también las presentará el Ejecutivo.
“Es evidente que el gobierno está buscando un planeador carnal, a modo, con nombramientos controlados a modo”, dijo el diputado Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo en el Congreso de la Ciudad.
“En lugar de que el instituto sea un contrapeso ante la corrupción histórica de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, el Instituto sería un Seduvi con esteroides para poder seguir haciendo corrupción inmobiliaria”.
Mayela Delgadillo, ex integrante de la bancada de Morena y de la Comisión de Desarrollo en la Asamblea Constituyente, dice que la invitación sin aval del Congreso sería simular un proceso en los comités.
“Va al Contrario a todo lo que se planteó en la Constitución, y por otro lado si (los diputados) van a eso, van a generar un conflicto social con los ciudadanos y toda la gente va a buscar pararlo”, dijo Delgadillo a MCCI.
La ex constituyente señaló que los propios comités deben darle participación a la ciudadanía para las elecciones de quienes integrarán los distintos organismos del instituto.
La Comisión del diputado Döring, junto con la de Administración Pública Local que encabeza la morenista Guadalupe Chavira, serán las responsables de dictaminar las iniciativas de ley de planeación y del Instituto.
El panista señala que en el dictamen buscará que el Congreso intervenga en la designación del comité técnico, del mismo modo que elegirá al comité de selección.
Del otro lado, la iniciativa de la diputada Chavira propone que sea un solo consejo, propuesto por Sheinbaum y seleccionado por el Congreso, el que elija al director, junta de gobierno, Directorio Técnico y Consejo Ciudadano del Instituto; misma posición que ha sostenido la organización Ruta Cívica, organización que ha participado en el diseño del desarrollo de la Ciudad desde la Constitución.
Un órgano sin independencia
En la Constitución capitalina se dio al Instituto de Planeación Democrática y Prospectiva un carácter autónomo técnico y de gestión, y dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, separándolo así del Ejecutivo en turno.
La iniciativa de Sheinbaum deja estas características al instituto desde la Ley de Planeación, pero le da el carácter de descentralizado y sectorizado a la Jefatura de Gobierno.
“Quiere decir que no es nada independiente, que depende de la Jefatura de Gobierno”, dijo Mónica Tapia, directora de Ruta Cívica.
“Uno de los temas de la autonomía desde el Constituyente es que con los cambios de gobierno la planeación se mantenga, que tenga perspectiva de mediano y largo plazo. Cuando lo sectorizas a la jefatura va a depender de los cambios de gobierno cada seis años y no cada 15 y cada 20. Es un golpe a la planeación de mediano y largo plazo”.
Cuestionada por organizaciones vecinales, la diputada Valentina Batres señaló el pasado 20 de noviembre que darle el carácter de autónomo vulneraría a otros poderes.
“Un órgano autónomo que tenga en sus manos la planeación de esta Ciudad estaría tomando responsabilidades por arriba del Congreso, del Ejecutivo, y nos pone incluso en un dilema de a quién le corresponde dictar la política en materia de leyes, de ordenamientos e incluso de planeación”, dijo la diputada.
Además, aunque la Constitución señala que se creará una ley secundaria del Instituto independiente de la Ley de Planeación, el Ejecutivo busca reducir esta ley a un estatuto la cual emitiría la propia Sheinbaum sin discusión en el Congreso.
Este estatuto determinará la organización, funcionamiento y operación de los órganos del Instituto, las sesiones de la junta de gobierno y el funcionamiento de la oficina especializada para la consulta pública y la participación social en las distintas etapas del proceso de planeación.
“Uno asume qué va a venir en el estatuto y que va a hacer lo que se le pega la gana, va a ser de decoración”, señala Tapia.
“Desde el Constituyente se esperaba que estos órganos, sobre todo el directorio técnico, revise todo el planteamiento, los indicadores, el sistema de planeación, de lo técnico, del programa, las metodologías”.
Delgadillo dijo a su vez que la jefa de gobierno delegó la iniciativa a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, y de manera específica al director de Planeación del Desarrollo de esta secretaría Pablo Benlliure, y que no hubo cuidado en la legalidad de algunos puntos de la propuesta.
Congreso entrampado
Aunque las comisiones de Planeación del Desarrollo y de Administración Pública Local iban a sesionar de manera conjunta, integrando las iniciativas de la jefa de Gobierno y de los diputados sobre la Ley de Planeación y al Ley del Instituto, diferencias entre el panista Federico Döring y la morenista Guadalupe Chavira por incluir las propuestas del Ejecutivo derivó en dos procesos legislativos en lugar de uno.
Por un lado, Döring convocó a un foro consultivo este lunes y miércoles para el análisis y discusión del proyecto de dictamen en materia de planeación, mientras que Chavira dijo a MCCI el 21 de noviembre que ese fin de semana distribuiría su propuesta de dictamen, independiente de la del panista.
Hasta la publicación de esta nota no había sido distribuido dicho dictamen.
Chavira aseguró que buscará que haya una ley del Instituto y no reducirlo a un estatuto como propuso la jefa de Gobierno. Sin embargo, dijo, el dictamen sí estará apegado a la iniciativa del ejecutivo.
A su vez, el diputado panista sostuvo que se creará la ley del Instituto.
“Es lo que nosotros buscaríamos y es lo que se acordó desde la Junta de Coordinación Política. No hacer una Ley orgánica del Instituto de planeación es darle llave en mano al monopolio del desarrollo a la Jefa de Gobierno, cuando el espíritu de la Constitución al crear el instituto era darle independencia y autonomía de control político”, señaló Döring.
Las organizaciones que han participado desde la elaboración de la Constitución capitalina en materia de desarrollo buscarán evitar la designación de los consejos de manera unilateral por parte del Ejecutivo.
“Las designaciones por dedazo quiere decir que no habrá representación ni los mejores perfiles, anulando la posibilidad de que se procesen los conflictos y se cree gobernanza desde los espacios institucionales. Los dedazos llevarán a la toma de decisiones a los que le convengan al Gobierno, o solo para la foto”, señaló la directora de Ruta Cívica.
MCCI pidió la versión del Gobierno de la Ciudad, a través de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, la consejería jurídica y la oficina de la jefa de gobierno y no obtuvo respuesta.
