DEL ABOGADO AMIGO
Luis Torre Aliyán
La delincuencia
Aunque en los últimos años la delincuencia de algunos políticos se expandió a cualquier tipo de adquisición gubernamental, la reina por excelencia, en virtud de sus volúmenes económicos y de la discrecionalidad de su dirección y aterrizaje, siempre ha sido la obra pública.
Porque conscientes de la falta de castigo ante sus fechorías, estos delincuentes decidieron, como dije, ampliar su red de complicidades en la compra de productos o servicios –con sobornos, empresas fantasmas o personas morales dirigidas de facto por ellos mismos- hasta llegar al grado de inclusive hacer negocios multimillonarios en el ramo de la Salud, a costillas de los más pobres; lo cierto es que en las vías de infraestructura fundamental de nuestros municipios, estado y territorio nacional, se encuentra uno de los prioritarios negocios delincuenciales.
Por ello, estimo, que los ciudadanos que somos sensibles de que a partir del 18 de julio de este año (fecha que entró en vigor el Sistema Nacional de Anticorrupción y sus Sistemas Locales) la lucha para combatir tal flagelo apenas comienza, debemos seguir planteando ideas, hacer propuestas y exigir derechos.
Partiendo de ahí, más que algo nuevo, considero debe darse prioridad a la iniciativa de reforma a la ley de Obras Públicas, pues resulta de primera necesidad para que los Sistemas Anticorrupción funcionen, que se analice sin más demora –y con miras a establecer los candados suficientes- la forma en que las administraciones de los tres niveles de gobierno contratan empresas en materia de construcción.
Múltiples problemas se presentan en dicha materia. Primero, una tremenda opacidad en los procesos de licitación, segundo, un absoluto desprecio por las empresas que desean competir lealmente, tercero, el exceso de permisividad al método de asignación de obra por adjudicación directa, cuarto, la falta de revisión en el diseño de las bases de licitación (lo que permite procesos amañados desde su inicio), quinto, lo reprobable de que órganos como el INE, el INAI, y en general los constitucionalmente autónomos, tengan sus propios regímenes de contratación sin sujetarse a la ley de la materia, y un largo, pero muy largo etcétera.
Y es sencillo: la ONU propone una Ley Modelo en materia de contratación con inmejorables ejemplos de las buenas prácticas internacionales, poniendo como base de la legislación deseable: cerrarle la puerta a la discrecionalidad para abrírsela a la competitividad.
Como sociedad debemos ir por más. Tenemos que estar vigilantes de que los poderes legislativos apeguen la discusión de tal iniciativa al mencionado modelo, porque es un hecho: falta mucho para que el combate efectivo a la delincuencia opere de forma óptima y al 100 por ciento, por eso resulta vital que los Sistemas cuenten con la mejor versión de este tipo de leyes, como la de Obra Pública, para cerrarle ventanas a la trampa y de paso, darle herramientas realmente útiles tanto a quienes denuncien ese tipo de actos ilícitos, como a los fiscales anticorrupción, federal y tamaulipeco.
Estamos tan hartos de la corrupción y de la sordera de los políticos ante nuestro reclamo, que ya hasta la palabra cansa, por ello hoy decidí sustituirla por delincuencia, al final, el corrupto es un delincuente; por eso dependiendo el contexto, en algunas ocasiones corrupción y delincuencia son sinónimos.
