San Nicolás de los Garza, NL.- El espacio que era conocido de manera popular como “cárcel municipal” y que albergara en su momento a delincuentes sujetos a proceso y amparados contra el traslado a los grandes centros penitenciarios locales, será de ahora en delante un centro destinado al cumplimiento única y exclusivamente de arrestos administrativos derivados de la aplicación de sanciones contenidas en los diversos reglamentos municipales.
El alcalde Víctor Fuentes Solís presentó la mañana de este martes la propuesta de creación de este centro durante la cuadragésima cuarta Sesión del Cabildo de San Nicolás, la cual fue aprobada de manera unánime.
“Históricamente lo que se le conoce como la cárcel del CEDECO, fue una cárcel distrital en la cual se recibían delincuentes prácticamente de todo el norte del Estado, hoy las condiciones de seguridad son completamente distintas, no tenemos la capacidad, debemos admitirlo, para albergar detenciones realizadas por la Marina, por el Ejército, por las Fuerzas Federales, por el Ministerio Público o por la Fiscalía Estatal”, dijo el edil.
“Es meramente un centro de arresto donde se cumplen las penas de carácter administrativo y no se pueden albergar ahí delincuentes para cumplir con procesos penales como lamentablemente ha sucedido, hay que recordar que hace tres años tuvimos una fuga importante de tres delincuentes que fueron retenidos ahí”, agregó.
El munícipe dio a conocer que la cárcel municipal se encuentra dentro del edificio de la Secretaría de Seguridad y que desde hace varios años ha sufrido un considerable incremento de internos que se encuentran procesados dentro de juicios penales, lo que convirtió a este espacio en un centro penitenciario a menor escala o un “mini-penal”.
El documento presentado al Pleno, asienta que es de interés general y orden público que la cárcel municipal deje de ser considerada como tal, que deje de ser parte del sistema penitenciario y de reinserción social y que tampoco se considere cárcel distrital para el internamiento o reclusión de personas sentenciadas o procesadas.
Las condiciones del lugar, explicó el presidente municipal, no lo permiten, su ubicación no es correcta, está rodeada de viviendas, unidades deportivas, espacios públicos, centros educativos, unidades médicas y áreas de asistencia social, además, su estructura no es idónea y su personal no está capacitado ni cuenta con el adiestramiento necesario.
“Configurar debidamente su vocación jurídica nos permite no tener que alojar eventualmente a delincuentes de alta peligrosidad, debido a que no se cuenta con la infraestructura para recibirlos”, indicó Fuentes Solís.
El dictamen señala que en un término no mayor a 120 días naturales, deberán ser expedidos todos los instrumentos legales necesarios para la operación del Centro de Sanciones Administrativas.
De igual manera, el documento ordena informar al Poder Judicial del Estado de Nuevo León, a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León y a la Delegación Estatal de Nuevo León de la Procuraduría General de la República, la resolución aprobada por el cabildo nicolaíta.
