Monterrey, NL.- Tras darse a conocer que Nuevo León no ejerció cerca de 21 millones de pesos del Fondo de Accesibilidad en el Presupuesto federal 2017, el Coordinador de los Diputados del PRI, Marco Antonio González, señaló que buscarán que las gestiones correspondientes sean obligatorias por Ley y ya no se pierdan más recursos, sancionando la ineficacia de los funcionarios.
Señaló que estos recursos estaban etiquetados para la Accesibilidad en el Transporte para Personas con Discapacidad, pero al no ser ejercidos, ahora se asignaron 15.6 millones contra los casi 21 millones que obtuvieron anteriormente de esta bolsa.
Marco Antonio González, acompañó a la ciudadana Rosa Elia Morales Tijerina, ciudadana que vive con discapacidad, quien presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado para fortalecer la obligación de los servidores públicos de atender sus responsabilidades públicas, además de su obligación de maximizar los recursos públicos.
“Acompañamos a Oficialía de Partes a Rosy Morales, una ciudadana ejemplar que vive con discapacidad, ella se encuentra muy indignada porque el Gobierno del Estado no ejerció los recursos para la Accesibilidad en el Transporte para Personas con Discapacidad, los cuales rondaban los 21 millones de pesos y debido a esta acción se redujeron a 15.6 millones”.
“Por esto motivo, se solicitó reformar varias fracciones del Artículo 50 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y Municipios de Nuevo León, para que todo servidor público incurrirá en responsabilidad administrativa cuando incumpla con las siguientes obligaciones generales de salvaguardar la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia en el desempeño de sus funciones, empleos, cargos y comisiones”
“Ahora podrán incurrir en una falta, la cual ameritará sanciones si se abstienen de retrasar, entorpecer o impedir mediante cualquier acto u omisión intencional o no la obtención de recursos económicos de origen federal destinados a la atención de personas con discapacidad, adultos mayores, igualdad de género, migración y cualquier otro recurso económico destinado a la atención de grupos vulnerables en el Estado”, mencionó el coordinador tricolor.
Agregó que los funcionarios deberán instrumentar de manera prioritaria las acciones necesarias para la gestión y aprovechamiento de los recursos federales, así como para cumplimiento oportuno de las reglas de operación de cualquier de los fondos federales.
Rosy Morales, mencionó que el transporte público adaptado permite la incorporación de las personas con discapacidad y movilidad reducida a la vida económica, social, y cultural, en la entidad, es parte de la cadena de accesibilidad donde juega un papel sumamente importante. la cual si se rompe se limita la inclusión.
“El Gobierno del Estado se demostró incapaz de aprovechar más de 21 millones de pesos que tenían como destino apoyar a la inclusión de las personas con discapacidad”.
“Vale la pena reconocer que durante la Administración Estatal anterior, los fondos provenientes del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público se destinaron para la creación del llamado Circuito DIF”.
“Al día de hoy, Circuito DIF cuentan con dos rutas y 4 unidades bajo este programa que brindan a las personas con discapacidad un servicio de transportación para que puedan acudir a los centros de atención, hospitales, escuelas e incluso sitios de interés”, comentó Rosy Morales.
