Monterrey, Nuevo León.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León, a través de la Fiscalía Especializada Antisecuestros, informa sobre el resultado de la audiencia para resolver la situación jurídica de dos personas detenidas por su presunta participación en actos de extorsión a comerciantes en el área metropolitana de Monterrey, ocurridos entre 2023 y 2024.
Personas Imputadas:
- Arnol “N”, 33 años de edad.
- Erick “N”, 37 años de edad.
Delito:
- Extorsión
- El día de hoy, 21 de diciembre de 2024, un Agente del Ministerio Público Investigador (A.M.P.I.) adscrito a la Unidad de Investigación y Litigación Especializada en Delitos contra la Libertad Personal presentó ante el Juez los datos de prueba que acreditan la probable participación activa de los imputados en el delito de extorsión. Tras la exposición de las pruebas, el Juez determinó lo siguiente:
- Vinculación a proceso: El Juez consideró suficientes los elementos presentados para establecer la existencia del delito y la posible participación de Arnol “N” y Erick “N”. Por lo tanto, dictó un Auto de Vinculación a Proceso, lo que permite continuar con su investigación por extorsión.
- Medida cautelar: Se impuso a los imputados la prisión preventiva como medida cautelar, y ambos fueron internados en un Centro de Reinserción Social Estatal mientras continúan siendo investigados.
- Plazo para investigación complementaria: El Juez otorgó un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria, durante el cual se recopilarán más pruebas y se definirán los próximos pasos en el proceso judicial.
Hechos: Los actos de investigación realizados por un Agente del Ministerio Público, con el apoyo de detectives de la Agencia Estatal de Investigaciones, documentaron la probable participación de los imputados en una serie de extorsiones cometidas contra comerciantes en Monterrey. De acuerdo con la indagatoria, Arnol “N” y Erick “N” se habrían presentado como integrantes de una central obrera y comenzaron a cobrar cantidades semanales de dinero a un comerciante a cambio de permitirle instalar su puesto en las calles del centro de Monterrey. Esta actividad habría continuado durante todo 2024.
A medida que el comerciante se negó a pagar la cuota impuesta y se mostró determinado a seguir operando con su permiso municipal vigente, los imputados intensificaron su hostigamiento, amenazando al comerciante y a su familia con causarles daño si no accedía a sus demandas. Las amenazas y bloqueos a la actividad comercial del afectado habrían sido las acciones que finalmente derivaron en la denuncia ante las autoridades.
