La libertad no se rifa: José Luis Garza Ochoa

*Legisladores priistas únicos que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial, las leyes secundarias y de la elección de jueces vía “tómbola”.

La impartición de justicia no debe dejarse al azar, a decisiones políticas, sorteos o popularidad, haciendo a un lado décadas de esfuerzo y preparación de profesionales del derecho, que aspiran a ejercer su profesión con capacidad, responsabilidad, compromiso e independencia,

El presidente del PRI en Nuevo León, José Luis Garza Ochoa afirmó que los perfiles que accedan al cargo de jueces vía tómbola, serán susceptibles de recibir órdenes de juzgar con consigna y con base en criterios personales, afectando arbitrariamente a cualquier ciudadano.

Mencionó que por eso los Diputados y Senadores del PRI fueron los únicos que votaron en contra de la reforma al Poder Judicial, las leyes secundarias y de la elección de jueces vía “tómbola”.

“El pasado fin de semana los Senadores del PRI votaron en contra de la elección de jueces vía tómbola porque se compromete la imparcialidad y profesionalismo en la impartición de justicia, asimismo, los Diputados federales del PRI votaron en contra de las leyes secundarias, ya que son inconstitucionales e inconsistentes”, agregó.

Advirtió Garza Ochoa que mientras a Morena y sus aliados se le sumaron dos Senadores del PRD y un Senador del PAN para dar su voto para la destrucción Judicial y los de Movimiento Ciudadano simularon la detención de un Senador para darle el voto que le faltaba a Morena, el PRI fue el único partido que no se dobló y no cedió a las amenazas que recibió del gobierno federal.

El dirigente estatal prisita dijo que el PRI busca garantizar que se juzgue con imparcialidad, “respaldamos la preocupación de juzgadores, servidores públicos del Poder Judicial y de la sociedad civil, porque creemos que el sorteo vía tómbola compromete la especialización para juzgar y las inconsistencias en las leyes secundarias dificultarán la implementación de la reforma judicial, afectando los derechos de las y los mexicanos de contar con protección constitucional garantizada”, concluyó.