A partir del 18 de junio del 2016
Llevar este modelo a su debida instrumentación, puntualizó, no solo significa hacer los cambios legales necesarios, pues las leyes por sí mismas no hacen una debida aplicación, sino que desde las instituciones del Estado mexicano, en los poderes y órdenes de gobierno se materialicen debidamente.
El presidente aseguró que el gobierno mexicano es un entusiasta participante y debidamente comprometido para llevar a buen término la conclusión de la instrumentación de este sistema de justicia penal acusatorio para todos los mexicanos.
“Hoy estamos cada día más cerca de llegar a la fecha del 18 de junio del próximo año en la que el Estado mexicano tiene la obligación de que este modelo prevalezca y tenga plena vigencia en todo el territorio nacional”, recordó.
Peña Nieto dijo que como presidente de la República y a nivel personal tiene confianza en que este nuevo sistema sirva para que en el país haya justicia pronta y expedita, tal como lo establece la Constitución política mexicana.
“Hoy que somos una sociedad con más integrantes, con mayor demografía, con avances institucionales importantes, sin duda nos ocupa hacer que este modelo sea un éxito y cumpla con el deseo trazado en la Constitución”.
El gobierno federal, añadió, decidió hacer cambios paradigmáticos en distintos órdenes entendiendo que no son fáciles y que cuando se decide modificar y transformar para llegar a mejores condiciones, romper con los tabúes y paradigmas del pasado y costumbres inerciales no resulta fácil.
El presidente refirió que en 2016 el sistema procesal penal acusatorio deberá estar operando en las 32 entidades del país y a nivel federal, para lo cual se asignó un presupuesto histórico de casi 10 mil millones de pesos para la implementación del mismo.
